Delitos contra la administración pública

“ (…) El trabajo contiene seis partes que recogen cinco lecciones y una propuesta de clasificación de los delitos contra la Administración Pública cometidos por funcionarios públicos. La parte I se ocupa de las cuestiones generales. Comienza con un recuento de las distintas medidas político-criminales que hasta ahora se han adoptado para hacer frente a los ataques contra la Administración Pública, entrando luego a hacer un análisis de las cuestiones dogmáticas más relevantes de los delitos contra la Administración Pública: la delimitación del delito con la infracción administrativo-disciplinaria, la determinación del bien jurídico penalmente protegido, el concepto jurídico-penal de funcionario
público, la relevancia del MOF y ROF en la determinación del deber positivo especial, el concepto de corrupción pública y la imputación penal con base en roles. Esta última cuestión dogmática resulta de suma importancia para orientar la exposición que luego emprende sobre los distintos delitos contra la Administración Pública, pues define los criterios materiales de imputación (delitos de dominio, delitos de infracción de un deber y delitos de infracción de un deber con componente de dominio), tiene en consideración las exigencias formales que pueden imponer los tipos penales (delitos comunes y delitos espaciales) y propone reglas claras para la determinación de la autoría y la participación. Las siguientes cinco partes llevan a cabo el análisis de la Parte Especial. En concreto, la parte II tiene por objeto el estudio de los delitos contra la Administración Pública cometidos por particulares, ocupándose específicamente de aquellos que presentan una mayor incidencia en nuestro país; esto es, el delito de usurpación de funciones y el delito de violencia o resistencia a la autoridad (…)”.